Poder Ejecutivo Nacional
RIESGOS DEL TRABAJO – COOPERATIVAS DE TRABAJO – EXTENCION
Decreto (PEN) 651/22. Del 22/9/2022. B.O.: 23/9/2022. Riesgos del
Trabajo. Extiende el ámbito de aplicación de la Ley 24557 a los trabajadores
asociados y las trabajadoras asociadas en Cooperativas de Trabajo, extensión
quedará condicionada a que la propia cooperativa solicite su inclusión en
dicho régimen respecto de sus asociados y asociadas.
Ciudad de Buenos Aires, 22/09/2022
VISTO el Expediente N° EX-2020-78134675-APN-DGD#MT, la Ley de Cooperativas
N° 20.337 y su modificatoria, la Ley de Riesgos del Trabajo N° 24.557, sus
modificatorias y complementarias y la Resolución del INSTITUTO NACIONAL DE
ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL (INAES) N° 4664 del 19 de diciembre de
2013, y
CONSIDERANDO:
Que la citada Ley N° 24.557 fue sancionada con el propósito de prevenir los
riesgos del trabajo y la reparación de los daños derivados de su ejercicio
con el objetivo de dar protección a todos los trabajadores y todas las
trabajadoras.
Que la relación jurídica entre la Cooperativa de Trabajo y sus asociadas y
asociados, de naturaleza asociativa y autónoma, implica que los actos
cooperativos de trabajo de sus miembros constituyan un aporte al
cumplimiento del objeto social y a la consecución de los fines
institucionales, mas no un vínculo laboral en el marco de una relación de
empleo en el sentido de las comprendidas en la Ley de Contrato de Trabajo.
Que los trabajadores asociados y las trabajadoras asociadas en entidades
cooperativas están expuestos y expuestas a los riesgos propios de la
actividad en que se desempeñan, aunque sin embargo carecen en la actualidad
de las específicas protecciones y prestaciones previstas en la legislación
sobre riesgos del trabajo.
Que la particularidad de haber unido sus fuerzas laborales bajo una de las
figuras asociativas de la economía social no puede ser óbice para que este
conjunto de trabajadores y trabajadoras se vean alcanzados y alcanzadas por
los principios tutelares que gozan los trabajadores y las trabajadoras
dependientes respecto de las consecuencias derivadas de un infortunio
laboral.
Que el sistema fue comprendiendo a un mayor número de trabajadores y
trabajadoras en la medida en que transcurrió la experiencia de su
aplicación, y es uno de los ejemplos más recientes la ponderada
incorporación de las personas afectadas al servicio de casas particulares.
Que, en ese sentido, si bien las Cooperativas de Trabajo no están
expresamente incluidas entre las obligadas a afiliación de sus integrantes,
la Resolución del INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL (INAES)
N° 4664/13, en su artículo 2° establece que las cooperativas de trabajo
deberán prestar a sus asociados y asociadas los beneficios de la seguridad
social, incluyendo el pago de las prestaciones dinerarias que les
corresponda percibir en caso de enfermedades o accidentes, o hacerse cargo
del pago de las reparaciones dinerarias que corresponda percibir al asociado
y a la asociada o a sus herederos o herederas en los casos de incapacidad
parcial y/o total o fallecimiento, derivados de accidentes o enfermedades
profesionales, en condiciones que no podrán ser inferiores a las condiciones
establecidas por las leyes aplicables a los trabajadores y las trabajadoras
dependientes de la misma actividad.
Que, asimismo, conforme con lo dispuesto por la precitada norma, en el
inciso f) del mencionado artículo dichas obligaciones podrían ser
sustituidas mediante la contratación de seguros con una Aseguradora de
Riesgos del Trabajo de coberturas que prevean la reparación del daño, así
como también la obligación de solventar la prevención del riesgo.
Que, por lo tanto, con base en la aplicación concreta de la referida
Resolución INAES N° 4664/13, resulta posible afirmar que nada obsta para
disponer que las entidades cooperativas de trabajo puedan contratar para sus
asociados y asociadas las protecciones previstas en la mencionada Ley de
Riesgos del Trabajo N° 24.557.
Que el número de cooperativas de trabajo vigentes y consecuentemente también
de trabajadores cooperativos y trabajadoras cooperativas se ha incrementado
en forma notable, en la medida en que adoptaron esta modalidad mancomunada
como forma de potenciar el resultado de su esfuerzo o bien productivo -como
en el caso de las llamadas “empresas recuperadas”-, con el designio de
preservar las fuentes de trabajo.
Que, en tal sentido, resulta necesario establecer un marco normativo
protectorio específico con el fin de prevenir la ocurrencia de hechos
dañosos para dichos trabajadores y dichas trabajadoras o para que, producido
el infortunio, puedan recibir la correspondiente atención y reparación del
daño, sin que ello implique comprometer tan estimables objetivos.
Que el apartado 2 del artículo 2° de la citada Ley N° 24.557 faculta al
PODER EJECUTIVO NACIONAL a incluir en su ámbito de aplicación a otros
trabajadores y otras trabajadoras no expresamente nominados y nominadas para
su incorporación inicial.
Que, por otra parte, el inciso c), del apartado 2 del mencionado artículo 2°
de la referida ley hace expresa referencia a los trabajadores vinculados y
las trabajadoras vinculadas por relaciones no laborales, cuya identidad se
configura con aquellos asociados y aquellas asociadas en entidades
cooperativas.
Que, por todo lo expuesto, se estima necesario establecer el marco y
condiciones en que se instrumentará la contratación de un seguro de riesgos
del trabajo a los fines previstos en la precitada normativa vigente en la
materia.
Que han tomado la intervención que les compete los servicios de
asesoramiento jurídico permanentes.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 99, incisos 1 y 2 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y por el artículo 2°,
apartado 2 de la Ley N° 24.557 y sus modificaciones.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Extiéndese el ámbito de aplicación de la Ley de Riesgos del
Trabajo N° 24.557, sus modificatorias y complementarias a los trabajadores
asociados y las trabajadoras asociadas en Cooperativas de Trabajo previstas
en la Ley de Cooperativas N° 20.337 y su modificatoria. Esta extensión
quedará condicionada a que la propia cooperativa solicite su inclusión en
dicho régimen respecto de sus asociados y asociadas.
ARTÍCULO 2º.- La decisión de contratar la cobertura mediante un seguro de
riesgos del trabajo será adoptada por la asamblea de socios y socias de la
Cooperativa de Trabajo, conforme las formalidades y condiciones dispuestas
por la Ley N° 20.337, sus normas complementarias y los estatutos
cooperativos.
ARTÍCULO 3°.- Adoptada la decisión, según lo previsto en el artículo 2° del
presente, corresponderá a la Cooperativa de Trabajo contratar la cobertura
de sus asociados y asociadas con una Aseguradora de Riesgos del Trabajo y
abonar las correspondientes alícuotas.
ARTÍCULO 4°.- Para el caso de los trabajadores asociados y las trabajadoras
asociadas a través de una Cooperativa de Trabajo, el cálculo de las
prestaciones dinerarias establecidas en el artículo 12 de la Ley N° 24.557
será efectuado sobre la base de las retribuciones promedio declaradas para
el trabajador o la trabajadora durante el año anterior a la primera
manifestación invalidante o en el tiempo de prestación de servicio si fuera
menor, conformadas por la distribución de excedentes definidos por la
cooperativa o sobre el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVyM), el que sea
mayor.
ARTÍCULO 5º.- Para el caso de los trabajadores asociados y las trabajadoras
asociadas a través de una Cooperativa de Trabajo, la determinación de la
base imponible establecida en el artículo 23 de la citada Ley Nº 24.557 será
efectuada sobre la base de la retribución mensual declarada para el
trabajador asociado o la trabajadora asociada, conformadas por la
distribución de excedentes definidos por la cooperativa o sobre el Salario
Mínimo Vital y Móvil (SMVyM), el que sea mayor.
ARTÍCULO 6º.- Facúltase a la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN (SSN),
organismo descentralizado actuante en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA,
y a la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (SRT), organismo
descentralizado dependiente del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, para dictar, en forma conjunta o indistinta, en el marco de sus
respectivas competencias, las normas complementarias o aclaratorias que
resulten necesarias para la efectiva aplicación del presente decreto.
ARTÍCULO 7°.- Facúltase a la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
(AFIP), entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA, a
implementar los mecanismos necesarios que permitan el ingreso del importe
correspondiente a la cuota destinada a la cobertura de riesgos del trabajo,
de acuerdo a la normativa vigente y proceder a su oportuna transferencia
hacia las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo que seleccionen las
cooperativas.
ARTÍCULO 8º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL
REGISTRO OFICIAL y archívese. |