Las diferentes Areas del Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación se corresponden con los Objetivos Específicos perseguidos por el mismo.

En efecto, cada una de estas Areas intenta contener a dichos objetivos; describiendo a tales efectos las diferentes políticas, estrategias y cursos de acción que deberán ser implementados para plasmar los señalados objetivos del Programa.

Las Areas del Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación son las siguientes:

1. — Programas de Acción Provinciales, Interprovinciales y Regionales

2. — Red Nacional de Información de Lucha contra la Desertificación

3. — Educación, Capacitación y Concientización Pública

4. — Fortalecimiento del Marco Institucional y Jurídico

5. — Fortalecimiento del Marco Económico Financiero

6. — Inserción del Programa Nacional en el orden Regional e Internacional

Uno de los aspectos sustanciales del Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación es alentar la elaboración de programas provinciales, interprovinciales y regionales.

La propia metodología utilizada para el diseño del Programa Nacional se fundamentó en la más amplia participación de los diversos actores locales. Una vez finalizado el proceso de construcción del referido Programa Nacional, el protagonismo local, lejos de disminuir, deberá incrementarse de manera significativa.

En este contexto, el accionar provincial podrá canalizarse de distintos modos: En primer lugar, el componente local constituirá la esencia misma del Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación, dado que en el mismo se prevé expresamente la canalización de los diversos proyectos generados en los pueblos y ciudades del país, a través de sus instituciones, públicas o privadas.

Pero, además de ello, se estima adecuado que cada Provincia, se plantee la conveniencia de elaborar su propio Programa de Acción Provincial de Lucha contra la Desertificación.

De este modo, y sobre la base de la consideración de las particularidades específicas de cada zona del país, podrían canalizarse institucionalmente de manera más eficaz los diversos emprendimientos locales en materia de lucha contra la desertificación.

En la misma orientación, se observa con interés la conformación de Programas de Acción Interprovinciales y Regionales, que vinculen los aspectos comunes en esta problemática, que están presentes más allá de los límites específicos de cada Estado Provincial.

No obstante, es preciso advertir que, en modo alguno, se procura crear nuevos organismos estatales, ni, menos aún, burocratizar el accionar institucional en materia de lucha contra la desertificación.

Por el contrario, se intenta alentar el protagonismo de los actores locales, a la vez que se procura encontrar mecanismos ágiles, dinámicos y flexibles que permitan coordinar los esfuerzos de los diferentes sectores que trabajan en esta problemática.

Al respecto, los países que más éxito han obtenido en la preservación de los recursos naturales han encontrado en la descentralización una invalorable herramienta institucional.

En este marco, es deseable diseñar metodologías de distribución de facultades entre los distintos niveles de gobierno, que posibiliten un incremento en la eficiencia del accionar de los organismos públicos y privados, del orden nacional, provincial y municipal.

De este modo, se arriba a un federalismo de concertación que resuelve adecuadamente la problemática de los recursos naturales dentro del esquema de reparto de competencias entre la Nación y las Provincias establecido por la Constitución Nacional.

El Programa de Acción Nacional también incluye la consideración de las medidas para mitigar el efecto de las sequías a nivel de todo el país.

El establecimiento y/o fortalecimiento de sistemas de alarma, de prevención, de preparación y gestión en caso de sequía, como la introducción de proyectos de fomento del manejo del suelo y del agua, son elementos que deben considerarse en la elaboración de programas a nivel provincial y/o regional para el Litoral y Mesopotamia.

En esta estrategia las provincias de Misiones, Corrientes, Entre Ríos, que no habían participado del Programa, junto a las provincias de Formosa, Chaco, Santa Fe y Buenos Aires, encuentran un mecanismo de inserción y de elaboración planificada de respuestas a los problemas actuales y/o potenciales de la sequía.

Existe consenso en destacar la importancia que la sociedad en su conjunto tenga acceso a la más amplia información en materia ambiental. Esto supone que los habitantes pueden acceder y recibir información sobre diferentes cuestiones vinculadas al medio ambiente.

Existe, en consecuencia, una clara obligación estatal de hacer efectivo este derecho. Esto ha sido expresamente consagrado en la Constitución Nacional, reformada en 1994, que, además, garantiza la acción de amparo para la defensa del derecho de información ambiental, pudiéndola ejercer el afectado, el defensor del pueblo y las ONGs.

En esta misma orientación, la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación destaca la importancia que los países firmantes acuerden integrar y coordinar la reunión, el análisis y el intercambio de información vinculada a la problemática de la desertificación.

En tal sentido, recomienda la implementación de mecanismos que permitan la referida circulación de la información a fin de hacer más eficiente la lucha contra ese flagelo.

En concordancia con ello, más adelante, la Convención dispone que las partes deberán promover la cooperación técnica y científica en la lucha contra la desertificación y mitigación de los efectos de la sequía, detallando un conjunto de acciones orientadas a plasmar ese propósito.

Asimismo, la Convención fomenta la transferencia, adquisición y desarrollo de tecnología. Concretamente establece la necesidad de utilizar los sistemas de información y centros de intercambio de datos nacionales, subregionales regionales e internacionales existentes para difundir información sobre las tecnologías disponibles.

En la misma inteligencia, se señala que el Comité de Ciencia y Tecnología adoptará, disposiciones para emprender un estudio y una evaluación de las redes, las instituciones, los organismos y los órganos pertinentes ya existentes que deseen constituirse en unidades de una red. Se indica que tal red apoyará la aplicación de la Convención.

Particularmente, en el anexo regional correspondiente a América Latina y el Caribe se pone especial énfasis en la necesidad de fortalecer las redes de cooperación técnica y de sistemas de cooperación, aconsejando la realización de un inventario de tecnologías disponibles y conocimientos, promoviendo su difusión y aplicación.

Para hacer efectivos estos preceptos y dada la carencia de un mecanismo que vincule en una red común a las fuentes y a los usuarios de la información ambiental, surge la necesidad de implementar un sistema abarcador que permita organizar y agrupar la información existente en los diferentes organismos públicos y privados.

El desarrollo y administración de tal sistema no deberá afectar las actividades primarias de los organismos participantes, sino interrelacionar las fuentes existentes, los servicios y los sistemas de modo tal que compatibilicen las necesidades del demandante con el oferente de información.

El desarrollo de inventarios dinámicos de recursos naturales, la correcta evaluación de los procesos que conducen a la desertificación y a exacerbar los efectos de las sequías, y la construcción de cuentas del patrimonio ambiental, exigen el establecimiento de un sistema nacional de información ambiental, que debe constituirse en elemento central de cualquier estrategia de lucha contra la desertificación.

En tal sentido, se hace imperiosa la necesidad de incluir un Sistema Permanente de Monitoreo y de Evaluación de los procesos que dan lugar a la desertificación y de los efectos de la sequía, cuyo beneficio, traducido en decisiones oportunas, puede ser de incalculable valor, especialmente ante la posibilidad de que el territorio se vea afectado por cambios climáticos de impredecibles consecuencias.

A tal efecto, en el marco del Programa de Acción Nacional se proponen las siguientes acciones:

1. — Diseñar un Sistema de Información Nacional Permanente para la evaluación y Monitoreo de la Desertificación, que articule la funcionalidad de las Instituciones y Organizaciones Ambientales vinculados a la Lucha Contra la Desertificación en las diferentes regiones: áridas, semiáridas y subhúmedas secas del país.

2. — Establecer un Sistema de Información de alcance nacional a través de la Evaluación y Monitoreo, capaz de recopilar y organizar la información relacionada con Desertificación.

3. — Proporcionar la información básica necesaria para reformular políticas nacionales de aprovechamiento de la tierra, rehabilitación de tierras degradadas y los recursos de las zonas áridas y semiáridas.

4. — Coordinar la Red de Monitoreo, compatibilizándola con el Sistema de Información Ambiental del PRODIA (Proyecto BID-SRNyDS).

5. — Apoyar proyectos de Evaluación y Monitoreo que surjan en las regiones comprendidas por el PAN.

6. — Establecer las prioridades en el proceso de incorporación de información (qué tipo de información se requiere y el uso final que se le dará), a fin de que tenga un propósito claramente definido.

7. — Inventariar los recursos naturales y otras investigaciones a fin de elaborar estrategias de desarrollo y apuntalar alternativas de producción.

8. — Elaborar propuestas de definición y clasificación de indicadores y las relaciones entre los mismos.

9. — Determinar los límites de los componentes temáticos, en función de la gestión y toma de decisiones.

10. — Apoyar la capacitación en temáticas de Evaluación y Monitoreo, a nivel nacional y provincial.

Existe una plena coincidencia en destacar la importancia de la concientización social en relación a los problemas derivados de la desertificación y la sequía. Ciertamente, un prerrequisito para la implementación de las diversas políticas orientadas a combatir estos flagelos es que la sociedad tenga en claro los graves consecuencias que traen aparejados estos procesos.

Del mismo modo, es necesario instrumentar mecanismos de educación formal y no formal, en materia ambiental, y particularmente, en materia de desertificación.

La Constitución Nacional reformada en 1994, haciéndose eco de esta necesidad, dispone que las autoridades proveerán a la educación ambiental.

Del mismo modo, buena parte de la legislación específica sobre los diferentes recursos naturales destaca la necesidad de concientizar a la sociedad sobre el imperativo de conservar tales recursos.

La Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación pone especial énfasis en la educación y sensibilización de la sociedad respecto de este problema.

En tal sentido enumera un conjunto de acciones orientadas a plasmar tales objetivos.

Por caso, ratificando el postulado de la participación ciudadana promueve el permanente acceso del público a la información, así como a un amplio protagonismo del mismo en las actividades de educación y sensibilización.

Apoyados en estos principios, dentro de los lineamientos del Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación se propenderá a fortalecer la capacidad de formación e investigación a nivel nacional y provincial en esta materia.

Asimismo, se alentará la difusión de las tecnologías más eficaces, y que, a la vez, posibiliten el uso sostenible de los recursos naturales.

Se capacitará a los agentes de extensión agrícola y miembros de organizaciones rurales para que puedan aplicar enfoques conservacionistas en sus prácticas agropecuarias.

También, está previsto el lanzamiento de campañas de sensibilización dirigidas al público en general.

En la misma orientación, se introducirá el problema de la desertificación en programas de estudios interdisciplinarios que integren las diferentes materias vinculadas a esta problemática.

Se pondrá especial énfasis en el diseño de planes especiales e intensivos en las zonas más afectadas.

Es necesario realizar campañas de sensibilización, en las que cuente con estrategias de comunicación integradas, donde se tenga en cuenta todas las etapas del proceso de la comunicación y cada uno de los actores. Además se debe realizar el seguimiento en cada parte del proceso, para comprobar si se cumple los objetivos.

En el Anexo correspondiente a América Latina y el Caribe se consigna la necesidad de fortalecer los puntos focales nacionales encargados de la coordinación de las acciones relativas a la lucha contra la desertificación y la mitigación de los efectos de la sequía.

En esa inteligencia, la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable, como punto focal nacional en la materia, desde el mismo inicio del Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación ha impulsado el más fuerte protagonismo de todos los sectores y organismos públicos y privados que, en mayor o menor medida, directa o indirectamente, trabajan en el tema de la prevención y el combate de la desertificación.

Existe convicción en afirmar que la legitimidad del Programa descansa en este amplio protagonismo social. Desde luego, esta metodología no sólo se mantendrá, sino que se procurará incrementarla aún más.

Para el logro de este objetivo resulta de vital importancia el desarrollo de una tarea de coordinación institucional que permita a los distintos actores encausar sus acciones en un proyecto integrador.

A tales efectos, se profundizará la interacción con los diferentes organismos públicos nacionales y provinciales con incumbencia en esta materia. Del mismo modo, se alentará la mancomunión de los sectores privados. Asociaciones de productores, ONGs, técnicos, docentes, y todo aquella persona u organización que trabaja en la preservación de los recursos naturales podrá encontrar en el Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación un cauce institucional donde sus esfuerzos se integren y multipliquen.

En este contexto, la sanción de Ley Nº 24.701, que aprueba la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, significa la incorporación al ordenamiento jurídico nacional de una invalorable herramienta para combatir este flagelo.

En este marco, la reglamentación de esa Ley constituye un campo propicio para avanzar en el proceso de integración normativa.

Sin perjuicio de ello, y teniendo presente el abanico legal referido a los diferentes recursos naturales, como los suelos, el agua, los bosques, etc., se torna necesaria, además, una tarea de recopilación y sistematización normativa como paso previo a un trabajo de compatibilización legislativa, orientada a dotar de un marco legal apropiado para el combate de la desertificación, desde una perspectiva integral y abarcativa.

Habida cuenta del carácter interdisciplinario del fenómeno de la desertificación, vinculado a cuestiones sociales, económicas, culturales, urbanísticas, etc. se requerirá un esfuerzo aún mayor en este sentido, que incluya a una amplia gama de regímenes normativos, más allá de la legislación propia de los recursos naturales.

Puntualmente, la elaboración de leyes nacionales de presupuestos mínimos constituye una oportunidad de insertar esta problemática dentro del cuerpo legislativo previsto por la Constitución Nacional.

De acuerdo al carácter federal del sistema de gobierno argentino, que confiere amplias atribuciones a los estados provinciales en materia de administración de los recursos naturales, se torna imperativo el diseño de un sistema de trabajo integrado entre la Nación y las Provincias.

A tales efectos, y siguiendo la metodología de participación instrumentada en la elaboración del Programa Nacional, para la implementación de esta tarea de fortalecimiento institucional y jurídico se prevé la convocatoria a los diversos sectores vinculados a esta materia.

A modo ilustrativo, se alentará la participación de legisladores nacionales, provinciales, concejales locales, técnicos, colegios profesionales, docentes, etc., para trabajar en el diseño de esta trama institucional y jurídica.

Asimismo, y teniendo presente lo señalado expresamente por la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, se alentará la coordinación de actividades con arreglo a las desarrolladas en el marco de otras Convenciones de las Naciones Unidas, como por ejemplo, las de Cambio Climático y Diversidad Biológica, con el fin de obtener las mayores ventajas posibles de las acciones que se lleven a cabo en virtud de cada acuerdo.

Se procurará evitar la duplicación de esfuerzos con el propósito de incrementar la eficiencia de las políticas orientadas a combatir la desertificación y mitigar los efectos de la sequía.

Teniendo presente todas estas circunstancias y tomando debida nota de las actuales restricciones económicas y financieras, una de las primeras estrategias a implementar en el seno del Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación será la de identificar, inventariar y mejorar cualitativamente los mecanismos y recursos financieros disponibles, así como también difundir su conocimiento entre las instituciones del país.

Del mismo modo, se deberá identificar y establecer nuevos y adicionales mecanismos financieros para movilizar y canalizar fondos externos e internos para el desarrollo de las diferentes acciones previstas para ser desarrolladas en el marco del referido Programa de Acción Nacional".

Se pondrá especial énfasis en promover la participación de las distintas instituciones de cooperación financiera bilateral o multilateral, con el fin de asegurar la aplicación de la Convención.

En el marco de la Convención se ha creado un Mecanismo Global destinado a promover medidas para movilizar y canalizar hacia los países afectados recursos financieros sustanciales, sobre la base de donaciones y/o préstamos en condiciones favorables.

Este sistema de organización internacional de la cooperación económico-financiera en el tema de la lucha contra la desertificación, requiere de los países un singular esfuerzo en la optimización de sus fuentes y mecanismos de financiación nacional, bilateral y multilateral.

Nuestro país como parte de la Convención se compromete a establecer y/o reforzar los mecanismos nacionales de coordinación que aseguren el uso eficiente de todos los recursos financieros disponibles, la participación de los grupos locales, las ONGs y el sector privado a fin de obtener fondos, elaborar y ejecutar programas y asegurar que todos los grupos tengan acceso a la financiación.

Se promoverá el estudio, la discusión y aplicación de los instrumentos económicos financieros en la política ambiental, así como su impacto en el manejo de los recursos naturales y la desertificación, sea como incentivos al uso racional o como mecanismo de recaudación de fondos para las actividades de lucha contra la desertificación.

La Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y Mitigación de los Efectos de la Sequía prevé expresamente que los países se consulten y cooperen para preparar, con arreglo a los anexos regionales, programas de acción subregionales y regionales con el fin de armonizar y complementar los programas nacionales, así como de incrementar su eficacia.

Se contempla que dicha cooperación incluya programas conjuntos convenidos para la gestión sostenible de recursos naturales transfronterizos, la cooperación científica y técnica y el fortalecimiento de las instituciones pertinentes. La Convención cuenta con un Anexo de Aplicación Regional para América Latina y el Caribe, en donde se detallan el objeto del mismo, teniendo presente las particulares circunstancias de la región.

Asimismo, se contemplan los contenidos de los respectivos Programas de Acción Nacionales, así como también los mecanismos institucionales de coordinación y cooperación de los diferentes países de América Latina y el Caribe para hacer más efectiva la lucha contra la desertificación y la sequía.

En este contexto, cabe señalar que la República Argentina, junto a Bolivia y Paraguay, está llevando adelante el Programa Subregional de Desarrollo Sustentable del Gran Chaco Americano.

En el mismo sentido, se está avanzando en la concreción del Programa de la Puna Americana, juntamente a los países de Chile, Bolivia, Perú y Ecuador. Asimismo, debe puntualizarse que se ha puesto en marcha el Programa Regional de Lucha contra la Desertificación, del cual la República Argentina fue uno de los principales impulsores, lo que le permitió ocupar un cargo en el Comité Ejecutivo del mismo.

Estas circunstancias permiten apreciar que, en el marco del Programa de Acción Nacional, se ha avanzado de manera significativa en la armonización de las políticas regionales y subregionales en materia de desertificación, junto a los países hermanos de Latinoamérica.

Del mismo modo, debe señalarse que la Argentina ocupa una Vicepresidencia en la Primera Conferencia de las Partes de la Convención, lo que le permite ampliar su protagonismo en el escenario internacional.

En este contexto, y con el propósito de continuar, ampliar y profundizar los diferentes cursos de acción llevados a cabo por la Argentina, en el seno del Programa de Acción Nacional se alentará la adopción de las siguientes iniciativas:

Intensificar las relaciones con los países de América del Sur a fin de avanzar en los Programas Subregionales iniciados.

Armonizar, con los países miembros del Mercosur, las políticas y la normativa imperante en materia de recursos naturales y, fundamentalmente, la referida a la desertificación y la sequía.

Continuar trabajando junto a las restantes naciones de América Latina y el Caribe a fin de consolidar el Programa de Acción Regional.

Intentar llevar a cabo un papel preponderante en el seno de la Conferencia de las Partes de la Convención, en razón de la oportunidad que ofrece la ocupación del cargo de Vicepresidente de la misma.

Procurar obtener de la comunidad internacional y de los organismos intergubernamentales competentes la cooperación necesaria para asegurar un entorno propicio para la aplicación y extensión del Programa de Acción Nacional en el país. Esta cooperación abarcará, entre otros, a sectores de transferencia de tecnología, así como también investigación científica y desarrollo, reunión de información y distribución de recursos financieros.

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